Viernes, 14 Abril 2006 a las 14:04

El juez declara probado que en 1997 y 1998 ingresó y no justificó más de 175 millones de pesetas por transferencias desde los «paraísos fiscales» de Islas Caimán, Kuwait y Venezuela

El Juzgado de lo Penal 1 ha condenado a dos años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública al ilicitano Francisco Javier R.R., quien tendrá que indemnizar al fisco en 402.376 euros y que ha perdido la posibilidad de gozar durante cuatro años de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. La sentencia considera hechos probados que el acusado, «con conocimiento de su obligación de declarar y con la finalidad de ocultar una importante parte de las rentas obtenidas» no presentó la declaración en el ejercicio 1997, mientras que al siguiente aseguró que su base imponible era de 291.658 pesetas por lo cual solicitó la devolución de 49.017 pesetas.

«Sin embargo -dice el fallo- recibió importantes cantidades de divisas procedentes de Kuwait, Venezuela e Islas Caimán mediante transferencias que eran ordenadas por Herminio G.M.». De la posterior investigación de Hacienda se ha probado que en 1997 la entrada de divisas fue de 74.735.270 pesetas y en 1998 de 100.852.797 pesetas, de las cuales ha justificado tras la inspección algo más de 16 millones mediante dos empresas españolas, así como otros casi 36 millones para «la adquisición de maquinaria usada y gastos para la cría y engorde de ganado», en un negocio que tenía con él el citado Herminio G.M.

Todo ello lleva a la conclusión al juez que del año 97 no tiene justificación una cantidad de 58,3 millones de pesetas y del año 98 otra de 69,2 millones de pesetas, las cuales arrojan respectivamente unas cuotas defraudadas de 181.779 euros y 220.597 euros para hacer un global de algo más de 402.000 euros.

Fundamentos

En la vista, el acusado reconoció haber recibido esas cantidades y aseguró que eran el producto de las relaciones comerciales con el tal Herminio. De hecho, manifestó que él era un intermediario para «la compra de maquinaria y material para el calzado» que enviaba a Venezuela a cambio de «una compensación de 600 euros mensuales sin que hubiera declarado que realizaba dicha actividad a la Seguridad Social y sin que existiera contrato de trabajo».

Los fundamentos de Derecho se asientan de forma muy importante en el informe de los inspectores de la Hacienda Pública en el plenario del juicio y la propia declaración del acusado que dijo haber recibido las transferencias de los citados países, «que son paraisos fiscales», según la juez.

La sentencia duda de la relación entre el acusado y Herminio G.M., quien declaró en el juicio como testigo, y así explica que «resulta inverosímil que el acusado recibiera todo el dinero para comprar maquinaria y zapatos en su propia cuenta si tan sólo actuaba como intermediario, circunstancia que también aparece difusa al no haber ningún documento que lo acredite», igualmente la magistrada tampoco entiende que Herminio autorizara «al acusado para sacar dinero y operar por su cuenta. Es una actvidad claramente sospechosa» y añade que «resulta aún más sospechoso el modo en el que el acusado realizaba las extracciones en cantidades de hasta 500.000 pesetas, en cheques al portador que, tal y como manifestaron los peritos, impedían saber a quién se entregaba esa cantidad».

Diario Información

Entre Marbella, el caso Orihuela y ahora esto, no sé como Jose María Aznar pudo decir aquello de “España va bien“

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